La decisión de nuestro país de avanzar con la construcción de la cuarta central nuclear (Ley 26566, sancionada el 25/11/09 y promulgada de hecho el 17/12/09), además de la extensión de vida útil de la Central Nuclear Embalse y de concretar el CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), entra inmediatamente en contradicción a la hora de producir concentrado de uranio nacional para la elaboración del correspondiente combustible para el funcionamiento de las centrales nucleares, ya que se advierte del gobierno central un bajo interés en reactivar la producción de uranio por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).  Pese a alguna  retórica discursiva de altos funcionarios, la realidad nos indica que en lo sustantivo, en el país se sigue aplicando la política de la década de los ‘90 que reformó el Código de Minería bajo la premisa privatizadora de que las empresas del Estado no debían desarrollar las prácticas mineras.

En la segunda mitad de la década de los ‘90 se paralizó la extracción de mineral de uranio en Sierra Pintada (Complejo Minero-Fabril San Rafael, Mendoza) con el argumento simplista de las columnas “debe y haber”, que prefirió la compra de concentrado de uranio en el exterior porque resultaba más económico.  Esta decisión destructiva de la acción productiva, de la soberanía energética y de la independencia tecnológica del ciclo de combustible nuclear de nuestro país, nunca explicó que ese precio internacional era momentáneo, que estaba impactado por la liberación masiva de stocks desde la ex–Unión Soviética y que estaba viciado por la devastadora relación de  “1 peso = 1 U$S”.

Los trabajadores de la actividad nuclear, a través de la APCNEAN, resistieron estas medidas y ante la realidad económica impuesta a nuestro país en ese entonces, formuló como propuesta: una producción mínima (10 toneladas de uranio por año) con el objetivo de mantener con vida la integridad e independencia del Ciclo del Combustible Nuclear (esto es, conocimiento y tecnología).  Esta propuesta responsable contemplaba, entre otras cosas, la transmisión del conocimiento necesario para poder continuar manteniendo la independencia del ciclo del combustible, tanto en el futuro inmediato como mediato, dado que por entonces ya se visualizaba para la segunda década del siglo XXI, una crisis energética que impondría tomar acciones a largo plazo y donde la energía nuclear se convertiría en uno de los aportes energéticos fundamentales.  Los tiempos actuales confirmaron esta premisa.  Por supuesto, la APCNEAN no fue escuchada ya que el objetivo superior era  “el desguace” de las empresas del Estado.

Hoy con cuatro centrales nucleares “a la vista”, la imposibilidad de retomar la producción de concentrado  de uranio para el país por parte de la CNEA sigue vigente.  La muestra más evidente  se dio a través de la prohibición a la CNEA, en febrero de 2007, de no presentarse a la audiencia pública (no vinculante) sobre el Informe de Impacto Ambiental para reactivar la extracción de mineral de uranio en Sierra Pintada.  La orden (dada bajo las premisas del mantenimiento y continuismo del Código de Minería de los ‘90 y su cortejo de leyes que lo complementan, como la de promoción minera y otras) habría provenido de altos niveles de decisión del Gobierno Nacional.  Así queda reflejado una vez más que el Estado Nacional no se compromete con la extracción y producción de concentrado de uranio, al tiempo que opta por la importación.

Para sumar inconvenientes a la producción de minerales nucleares, hoy nos encontramos en un complejo marco de reclamos sociales que apuntan a lo denominado como “megaminería” pero que en la práctica involucra a toda la actividad minera.  Vastos sectores de la sociedad, activados  en parte por un sin número  de informaciones falsas, se manifiestan en contra y activan medidas tendientes a paralizar emprendimientos mineros.  Sierra Pintada en Mendoza y Cerro Solo en Chubut, dos yacimientos de uranio, así lo atestiguan, y el país opta por la compra en el exterior.

El Gobierno Nacional, responsable de este cuadro de situación, deslinda su responsabilidad a las provincias para que ellas paguen el costo político, y no asume el compromiso de involucrarse en la discusión, cuando está obligado a hacerlo, ya que es la generadora de potenciar la actual matriz energética con un  importante aporte  de energía nuclear en los próximos años.

En el pasado reciente, la actual Administración Nacional se está viendo obligada a dar algunas explicaciones sobre la actividad minera en contra de su voluntad, ya que siempre eligió mantenerse al margen porque sabe, que el resultado final de este debate caerá en la necesidad de revisar  el Código de Minería vigente y el paquete de leyes  que lo sustentan  concebido en los años noventa y fielmente mantenido hoy bajo una visión de unidades de negocio y bursátiles, y no con una  visión de crecimiento genuino para el conjunto de la sociedad.

Ese Código de Minería es el que, desde  la década de los ‘90, la APCNEAN viene sosteniendo la necesidad de reformar.  Por ello, en los últimos años la Asociación ha hecho presentaciones de su propuesta de modificación del Código en distintos estamentos del quehacer nacional (Diputados y Senadores Nacionales).  Si bien dicha propuesta está dirigida con exclusividad a los minerales de uranio, es trasladable a todos los minerales de primera categoría, ya que su filosofía parte del ejercicio pleno de la  soberanía sobre los recursos minerales del país, obliga a un uso estratégico de los mismos, y su posible exportación con el mayor grado de valor agregado.

Para ello, será fundamental conocer adecuadamente nuestro potencial minero, y diseñar su  aprovechamiento  acorde a nuestras necesidades, posibilidades de industrialización y desarrollo social de las regiones involucradas.

Sólo con esta visión nos alejaremos de la  absurda discusión en dos extremos planteada hoy;  por un lado producción y comercialización exclusivamente a voluntad de los intereses de las multinacionales, y por otro lado, el interés que promueve la prohibición de la actividad minera.  Ambas posiciones atentan contra  todo proyecto de  desarrollo sustentable para nuestro país.